profesor de derecho en la universidad de barcelona

Juli Ponce Solé: “Queda mucho para que la participación ciudadana sea real”

Especialista en Derecho Público y Participación, Ponce Solé fue uno de los ponentes del congreso sobre gobernanza medioambiental organizado por el Ararteko

Una entrevista de David Ortega - Jueves, 17 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

¿Está reconocido como tal el derecho al medio ambiente saludable?

-Sí, el derecho al medio ambiente está reconocido a nivel internacional, pero el demonio está en los detalles y ese reconocimiento hay que llevarlo a la práctica. Ahí es donde muchos actores juegan un papel importante. Los poderes públicos con sus políticas, los tribunales de justicia, los defensores del pueblo, como el Ararteko, las organizaciones no gubernamentales... Es una tensión continua porque la toma de decisiones con efectos ambientales tienen muchas veces una repercusión económica que puede suponer la creación de puestos de trabajo, y eso hay que equilibrarlo con el impacto medioambiental.

La sostenibilidad y el medio ambiente deberían ser un punto de encuentro, pero no siempre es así.

-En abstracto sí que despierta consenso. Nadie, ni en el sector público ni en el privado, dirá que el medio ambiente y el desarrollo sostenible no son importantes. Pero el territorio no está muerto y hay que operar sobre él, con actividades económicas que pueden tener un impacto medioambiental. Ahí empiezan a surgir las tensiones, también entre la propia ciudadanía, porque igual que hay actores que defienden a capa y espada el medio ambiente hay otros que están a favor de construir infraestructuras que generen actividad económica, y a veces hay intereses contrapuestos.

¿Los gobiernos dicen más que hacen en materia de sostenibilidad?

-Es difícil generalizar. Creo que se ha mejorado mucho desde hace treinta años, pero es evidente que podemos avanzar, sobre todo en cuanto a la toma de buenas decisiones, y eso nos lleva a la buena gobernanza y buena administración, especialmente en un sector tan complejo donde hay intereses contrapuestos, con las asociaciones medioambientalistas, los lobbies, los empresarios, los ciudadanos que quieren tener empleo... La responsabilidad de los gobiernos es tomar la mejor decisión posible y eso no se puede hacer sin escuchar y tener en cuenta las opiniones. Ahí queda mucho camino para que la participación ciudadana deje de ser retórica y pase a ser efectiva y real. Que se escuche a los ciudadanos y se responda a lo que alegan, se les dé o no la razón, pero que sea tomado en consideración lo que dicen. En el ámbito europeo la buena gobernanza es un derecho, el derecho a una buena administración, que es el guardaespaldas del derecho al medio ambiente.

Pero muchos ciudadanos dan por hecho que las administraciones no les van a escuchar.

-Una manera de ver cómo funciona el sistema es irte a la patología, porque los casos que no generan conflicto no los vemos. Si miras los litigios que se producen, puedes ver la enfermedad y darte cuenta de que lo que ves en las decisiones de los conflictos es que está habiendo una tendencia a hacer una participación poco formal. Que hablen, pero no les vamos a escuchar. Y también a dar explicaciones un poco flojitas, por así decirlo. En los litigios se ve también que los tribunales tienden a ser poco laxos y comprensivos con la falta de diligencia de las administraciones. Por eso, como es mejor prevenir que curar, entra en juego el papel del Ararteko y los defensores, que pueden intervenir antes de que se tome una decisión, porque después tienes que ir a los tribunales y todo cuesta mucho dinero.

¿Tienen las administraciones miedo a la participación ciudadana?

-En términos generales hay mucha retórica de la participación. ¿Quién va a estar en contra de la participación? Nadie, lo mismo que antes decíamos que nadie está en contra del medio ambiente. Pero luego en los efectos prácticos reales nos queda un camino largo por recorrer, y no solo en las consultas populares. Es cierto, por otra parte, que a veces es el poder público el que se cree lo de la participación, tramita una consulta con toda su buena fe y luego participa un 12% de la ciudadanía. Si tomamos como referencia lo que hace treinta años se entendía por participación, la realidad es que en la práctica se participa poco. O no llegan los procesos de participación, o la gente está muy ocupada o están subsistiendo en unas condiciones económicas y sociales complicadas y la participación pasa a un segundo plano. La realidad es que los procesos participativos son un poco frustrantes. La gente, aunque existan los canales, no participa.