El PNV califica la incautación de “objetivo propagandístico”

Egibar señala que la actuación llega impulsada por Covite y Casanova, de EH Bildu, cree que hay ansias de “venganza”

Domingo, 20 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

BILBAO - El PNV considera que el embargo de bienes a medio centenar de condenados de ETA representa una operación con un “marcado objetivo propagandístico”. Así se expresó ayer el presidente del GBB y portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Egibar, para quien la pregunta es “por qué no se ha hecho hasta ahora”. “Actúa nuevamente la Guardia Civil impulsada de la mano de miembros de Covite. La disolución de ETA obliga a otros a recrear su existencia. Ahí está un poco el tema”, argumentó Egibar, quien evocó que el final de ETA no se ha dado “por precinto judicial, sino por autodisolución”, y hay “una izquierda abertzale que ahora se llama EH Bildu que es fuerza pujante”. “¿Cómo convives y compatibilizas una teórica derrota de ETA con una formación que tiene sombra electoral notable?”, cuestionó el dirigente jeltzale en declaraciones a Radio Euskadi.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova señaló por su parte que la operación debería haberse llamado “venganza”, ya que, con ella, se ha buscado “transmitir la imagen de que la Guardia Civil sigue circulando por las calles de este país”. A su entender, el operativo persiguió “cierto exhibicionismo” para mostrar “una imagen de confrontación” consecuencia de que algunos “no entienden que este país está en un nuevo estadio”. “En otros países donde se han dado conflictos, a las personas que han pasado por prisión se les han dedicado programas específicos para su plena inserción laboral y asistido económicamente con fondos, incluso de la UE, como en el caso irlandés”, destacó Casanova.

Para Casanova, los embargos suponen “un anacronismo”, cuando lo que se debería hacer es “no alimentar dinámicas de confrontación, buscar la empatía y una terapia compartida del sufrimiento habido”. En contraposición, advirtió de que en el Estado español “se produce lo contrario con el objetivo de mantener un tensionamiento”, y reprobó que “la Ley se aplica unos casos y en otros no”. “Para los que han sido delincuentes al servicio del Estado, la Ley es extremadamente generosa, y no solo no se les exige el pago de indemnización alguna, sino que ni siquiera se les ha exigido el cumplimiento de las penas”, criticó.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP de la CAV, Borja Sémper, recordó que la operación policial es “derivada de una resolución judicial y a su vez de una sentencia”. Tras señalar que las sentencias privativas de libertad suelen llevar aparejadas también condenas con responsabilidad civil, incidió en que ninguna víctima queda “desamparada”.

Para la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga es una operación “sospechosa” y rodeada de “pompa y propaganda en clave electoral”. Eneko Andueza, del PSE, defendió que la disolución de ETA “no debe conllevar que se les exima de ciertas cuestiones”, la legalidad está para cumplirla. “Otra cosa es la espectacularidad o el bombo que se le haya querido dar a esto”, zanjó. - I. Santamaría