Behatokia

De qué hablamos cuando hablamos de pensiones

Por Josu. Montalbán - Martes, 22 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

EL debate en torno al futuro de nuestras pensiones no parece detenerse. Ni siquiera cuando el gobierno ha accedido a cumplir algunas de las reivindicaciones que han sacado a los pensionistas a las calles, sobre todo la de la revalorización anual en la línea del IPC en lugar de ese mezquino 0,25% de incremento lineal, amenazado además por ese Índice de Revalorización y de Sostenibilidad, que trae a mal andar los raciocinios porque es considerado como el freno de emergencia de cualquier modificación sustancial al alza.

Sin embargo, conviene recuperar impresiones, informaciones y textos que fueron usados y discutidos en el último período parlamentario en que la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados fue realmente activa, que dio lugar a un análisis valiente y comprometido en el año 2011. La citada Comisión, dirigida con compromiso y destreza por el popular Juan Morano, publicó un Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo que a día de hoy nadie parece haber leído con detenimiento. Da cierta pena que aquel trabajo que presidió el señor Morano, al cual yo sustituía cuando era menester por ser vicepresidente, haya quedado en agua de borrajas. Da pena ver tantas calles repletas de personas mayores, pensionistas, que vocean consignas, no siempre atinadas en su plenitud, que por su heterogeneidad como grupo social no obtienen los resultados idóneos. Porque ni todas las pensiones actuales, ni todos los pensionistas, precisan un tratamiento lineal;y ese nuevo concepto que sirve para todo en el debate político actual, la transversalidad, es posible que atenúe algo los rigores y carencias de los menos afortunados (de las pensiones más bajas) pero eternizará las excesivas diferencias que hay entre las pensiones más altas y las más bajas y miserables.

¿Por qué no se reivindica con fuerza que el Pacto de Toledo siga siendo la estrella polar que dirija los debates del Parlamento, que es el que aprueba las leyes que fijan y definen nuestro sistema de pensiones? ¿Por qué los pensionistas proponen, e imponen, que las siglas de los partidos políticos no les acompañen en sus manifestaciones públicas? ¿Por qué los pensionistas más atrevidos, los que tienen la fortuna de poder hablar ante un micrófono, abogan por entronizar o crear un nuevo partido político, unas nuevas siglas, que les aglutinen solamente a ellos? ¿Acaso las ideologías actualmente en vigor en España les han dejado de lado? Nada de eso. De mi experiencia como vicepresidente en la Comisión del Pacto de Toledo recuerdo el alto nivel de responsabilidad de los intervinientes: colectivos de pensionistas y personas mayores, representantes institucionales, sindicalistas, especialistas en la materia (profesores universitarios, catedráticos, etc…) se pronunciaron con el único interés de que el Sistema de Pensiones de nuestra Seguridad Social (SS) fuera sostenible y útil para todos los españoles. Es cierto que por aquel tiempo (2011) arreciaba la crisis económica y laboral, que el paro creciente hacía algo más deficitaria la SS y obligaba a descapitalizar el Fondo de Reserva (la “hucha de las pensiones”), incluso que el gobierno de Rodríguez Zapatero tomó alguna decisión que o no fue debidamente explicada o no fue bien entendida, como la congelación de las pensiones más altas, pero la vigencia del Pacto de Toledo debería haber sido un hecho en los años sucesivos. Con el PP en el gobierno, no ha sido posible y las pensiones han sufrido una devaluación que ha convertido las bajas en meras limosnas, y las altas en poco más que donativos.

¿Por qué no retomar el Pacto de Toledo tal como quedó en 2011 y, aunque deba ser sometido a una revisión continua para su vivencia, o supervivencia, darle vigor? La Seguridad Social, desde que aprobara su Ley de la Seguridad Social en el año 1967, vino atisbando y previniendo los riesgos del sistema, siempre desde la premisa de diagnosticar primero los peligros y garantizar siempre su sostenibilidad. Para ello fue necesario endurecer en algunos momentos las condiciones para poder acceder a las pensiones. Pero dotar de una pensión “digna” a quienes salían de las posibilidades de beneficiarse del mercado de trabajo y a quienes nunca habían estado en él porque habían trabajado con denuedo y dedicación plena al hogar o a la familia era también una urgencia y una necesidad perentoria. El Pacto de Toledo lo ha venido abordando desde el año 1995, con el valor añadido de que el debate interpartidista tuviera lugar con afán constructivo, alejado de la lucha por la consecución de los votos que casi siempre lleva a soluciones complicadas de culminar, cuando no quiméricas.

En más de quince años de vigor, el Pacto de Toledo ha sido una garantía, una especie de cancerbero del sistema de pensiones. ¿Por qué enterrarlo ahora? Veamos el texto de último Informe de 2011: “La Comisión defiende el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto y en la solidaridad”. Se trata de una declaración de principios que, con ciertas medidas aprobadas por los sucesivos gobiernos del PP, se quedan en pura propaganda. Claro que no solo de majestuosos y rimbombantes principios vive el pensionista;por eso en aquel momento también se recomendaba: clarificar la financiación de las pensiones en base a su condición de contributivas o no, mantenimiento del poder adquisitivo mediante subidas asimilables al IPC, administración cuidadosa del Fondo de Reserva (la “hucha de las pensiones”), buscar la financiación de los regímenes especiales que aún estaban en vigor, regulación de las bases y periodos de cotización, incentivar el empleo para mejorar la financiación, modernización y mejoras en la gestión del sistema que redunde en una mayor eficacia y en la eliminación del fraude, acomodación de la edad de jubilación a los tipos de empleo, dar cobertura suficiente a las pensiones de viudedad y orfandad, tratamiento fiscal adecuado, solidaridad y garantía de suficiencia, tratamiento de las pensiones a mujeres, discapacitados e inmigrantes y, por fin, potenciación del Pacto de Toledo como instrumento básico de seguimiento del sistema.

He ahí la clave: el Pacto de Toledo es un instrumento no solo útil sino fundamental en el tratamiento y cuidado de las pensiones. Claro está que es ahora urgente recuperar todo el tiempo que se ha perdido.

Las calles de nuestras ciudades y pueblos están llenas de pensionistas, y de no pensionistas, porque ahora mismo los únicos sueldos seguros que entran en las casas son los de los funcionarios y los de los pensionistas. Más aún, los únicos realmente seguros son los de los pensionistas, porque los funcionarios cada vez son menos después de que se hayan privatizado tantos servicios que eran públicos. La congelación de las pensiones, o sus revalorizaciones esqueléticas (0,25%) han inquietado y asustado a sus perceptores, casi todos mantenedores de sus propias familias, y de las de sus descendientes en algunos casos. De modo que ese ridículo 0,25% de incremento que ha provocado las riadas de pensionistas “atracados” (“esto es un atraco”, vocean) no debe servir para legitimar ese 3% que anuncia el gobierno en su proyecto de Presupuestos.

Por tanto, resulta urgente recuperar el Pacto de Toledo para dotar de dignidad a los pensionistas atribulados por la pobreza y la desigualdad. Solo de ese modo la política recuperará su valor y su vigencia. El Pacto de Toledo no fue consecuencia de ninguna huida de los responsables políticos e institucionales: fue su éxito. Hay que definir la suficiencia de las pensiones para que a nadie se la haga la vida insoportable. La principal virtud de cualquier pensión ha de ser la suficiencia, pero ha de ser una suficiencia que garantice la dignidad.