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STOP desahucios pide al Gobierno vasco que movilice la vivienda vacía

La plataforma solicita que se modifique la fiscalidad en beneficio del alquiler

EFE - Viernes, 25 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 11:15h.

GASTEIZ. STOP Desahucios de Euskadi ha solicitado hoy al Gobierno vasco que movilice la vivienda vacía de la comunidad hacia el alquiler, que apruebe de una vez el decreto sobre Derecho Subjetivo a la Vivienda y modifique la fiscalidad en beneficio del alquiler.

Esta plataforma ha compartido hoy el reciente posicionamiento del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, sobre la formación de una "nueva burbuja del alquiler en Euskadi", la necesidad de limitar las rentas, reformar la fiscalidad y cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Arriola anunció el pasado miércoles que su departamento desarrollará una "propuesta fiscal global y completa" ante una "posible burbuja" inmobiliaria y frente a la "espiral de precios" que afecta a la vivienda en alquiler, fundamentalmente por el crecimiento de la demanda y la limitación de la oferta.

Dicha propuesta, todavía pendiente de reflexión, se remitirá en su momento al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi y se contrastará tanto con el departamento de Hacienda del Gobierno vasco como con las tres diputaciones forales, que tienen la competencia en fiscalidad.

En un comunciado, STOP Desahucios ha denunciado hoy que miles de familias tienen que dedicar más del 60 % de sus ingresos para gastos de vivienda, "con la dramática consecuencia de que antes no podían acceder a una vivienda en propiedad y ahora tampoco a una vivienda en alquiler". 

"El fracaso del Gobierno vasco a la hora de movilizar vivienda vacía hacia el alquiler, el aumento de viviendas destinadas a uso turístico, el incremento de la especulación inmobiliaria por los fondos de inversión y sus ridículos recursos en materia de vivienda, dos euros por cada cien gastados este año, son responsables de esta situación", añade.

A juicio de este colectivo, el problema se agrava porque se cumplen tres años desde la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que significa que "miles de contratos están siendo prorrogados con incrementos de renta y condiciones de alquiler inasumibles", con lo que los desahucios por alquiler representan ya mas del 60 % del total, con un incremento del 32 % en Euskadi.

Reclaman al Ejecutivo una posición activa para defender la modificación de la LAU para aumentar a cinco años el arrendamiento, impedir al final del contrato aumentos de rentas superiores al IPC, limitar las fianzas y avales exigibles, distinguir entre arrendador particular y personas jurídicas, y obligar a bancos y fondos de inversión que desahucian a garantizar la permanencia en la vivienda a colectivos vulnerables, entre otros aspectos.