La RGI, a debate

Retos para una nueva normativa

Con motivo del proceso de modificación de la normativa sobre la Renta de Garantía de Ingresos, DEIA abre un espacio de análisis y opinión en colaboración con Begirada Elkartea para acoger diferentes puntos de vista sobre el asunto

Itziar Barrenkua - Miércoles, 30 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

EN los próximos meses el Parlamento Vasco tiene que llevar a buen término una noble misión: la reforma y mejora de nuestro sistema de garantía de ingresos e inclusión social. Existe un consenso amplio en la estimación de los resultados obtenidos por las distintas leyes que lo han regulado, así, su eficacia para combatir la crisis económica, su efecto en el PIB por la tasa de recuperación, o la estela de paz y cohesión social. Entre sus méritos se enfatizan el no hacer distinciones por origen nacional así como posibilitar la participación e inclusión de todas las personas que formamos esta sociedad. De la reforma dependerá el futuro de personas que conforman los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Todas ellas no suman muchos votos, algunas, seguramente, pocas veces o nunca lo han ejercido. Habrá un intenso debate social que debería aspirar a ser respetuoso hacía tantas familias e historias de vida que reúnen traumas y privaciones insondables. Debate que debería centrarse en los problemas que afrontan: abuso de los precios de alquiler de vivienda y de su derecho a inscribirse en el padrón, condiciones laborales injustas, escasez de empleo, dificultades para comprender los requisitos y obligaciones de la normativa, situaciones discriminatorias…

Desde que Lanbide inició la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos se ha buscado agilizar la tramitación de los expedientes siguiendo el modelo de las prestaciones de desempleo, en donde es fácil sumar las cotizaciones que generan el derecho y su cuantía. Pero el ámbito de la exclusión social es poliédrico y multifactorial, con diversidad de situaciones cuya traslación en documentos es compleja. Muchas de las denegaciones, extinciones y suspensiones tienen su origen en la no presentación de determinados documentos o en la valoración de que no han sido “adecuadas” determinadas conductas de búsqueda o mantenimiento de empleo. Estas conductas han derivado, además, en la reclamación de deudas elevadas, en ocasiones, por entender que no tendrían que haber percibido ninguna prestación (el trabajo del Ararteko da fe de la rigurosidad de Lanbide).

Estas decisiones son difícilmente entendibles por las personas afectadas, en muchos casos, pobres de solemnidad, cuando no disponen de recursos para hacer frente a sus necesidades más básicas y tienen menores a su cargo. Por ello el Ararteko ha insistido de manera reiterada en sus resoluciones en la vigencia del principio de proporcionalidad. La importancia del principio de legalidad y seguridad jurídica es incuestionable para cualquier operador jurídico, pero dar la respuesta proporcionada y justa a cada situación y a cada conducta incumplidora, esto es, la aspiración y vocación de equidad es lo que hará ganar a Lanbide el respeto por todos los sectores.

La nueva normativa, seguramente, traerá importantes mejoras técnicas pero va a contener una dificultad similar: la de su interpretación y aplicación. Esta encrucijada se comparte en todos los ámbitos jurídicos, pero en este tiene graves consecuencias para las familias. La aplicación de la normativa exige conocimientos de hermenéutica que permitan poner en valor el sentido de las normas, esto es, la finalidad de las formas de expresión que contienen las normas, en este caso: paliar situaciones de exclusión y facilitar la inclusión para el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía. Se añade a ello que nuestro ordenamiento jurídico reconoce derechos, principios y valores que tienen que ser respetados, como es el principio del interés superior del menor o el derecho a la igualdad y a la no discriminación, o la solidaridad con las víctimas de violencia de género, o en el aspecto más formal, la motivación, audiencia previa o el ya mencionado principio de proporcionalidad. En definitiva, la nueva Ley debería lograr un importante consenso y conseguir mejorar la respuesta a las necesidades de inclusión social y activación laboral de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad evitando la instrumentalización de conductas aisladas y anecdóticas y permitiendo un trato equitativo a cada situación.

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