Establecerán sanciones

La Diputación se autoimpone una norma para evitar la corrupción

Aglutina en un proyecto todas las leyes que existen sobre la materia Establecerá sanciones que van de la amonestación hasta la destitución

Aitziber Atxutegi - Miércoles, 6 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

BILBAO – Las diferentes normativas, tanto propias como externas, ya obligaban a los cargos públicos a declarar sus bienes, no poder cobrar más que un salario o abstenerse en aquellas decisiones sobre asuntos en los que hubiera trabajado dos años antes. Pero ahora, la Diputación ha querido recoger todas esas obligaciones en una nueva norma foral, dejando negro sobre blanco a qué están obligados sus responsables. La institución foral creará, además, un órgano de garantía que velará por que todas las obligaciones se cumplan, frente a lo que se han establecido sanciones que van desde la simple amonestación hasta la destitución.

“Queremos garantizar un ejercicio íntegro, transparente, imparcial y responsable de los cargos públicos, en línea con las políticas que se están desarrollando en las democracias más avanzadas”, destacó ayer la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea.

La institución foral aprobó ayer, en su consejo de gobierno, el anteproyecto de esta norma foral, que ahora será remitida a las Juntas Generales para su tramitación y posterior aprobación.

El borrador de la norma foral sobre conflicto de intereses e incompatibilidades para cargos forales aglutina toda la regulación aplicada hasta ahora en esta materia y que se encontraba dispersa en diferentes leyes. Será de aplicación tanto al diputado general como a los diputados forales, las direcciones generales de la Diputación y también a las direcciones y gerencias de las entidades del sector público foral.

La norma recoge una serie de mecanismos para que los cargos públicos no incurran en incompatibilidades en su ejercicio, durante el mismo pero también antes y después. Así, por ejemplo, tendrán la obligación de abstenerse en asuntos que afecten a actividades que hayan desarrollado en los dos años anteriores a su nombramiento;deberán realizar una declaración de bienes al acceder al cargo;no podrán cobrar más de un sueldo público –por ejemplo, si son concejales en otro municipio– y, tras cesar en el cargo, deberán declarar las actividades que van a desarrollar durante los dos años siguientes. “Teníamos una Norma de Transparencia, que recoge la obligación de declarar los bienes, y una ley básica con el deber de abstención de cualquier cargo público;esta norma lo que hace es aglutinar toda esa normativa que estaba dispersa”, explicó Bengoetxea.

La norma foral tiene un carácter “preventivo”, es decir, su objetivo es “tratar de poner todas las condiciones para que estas situaciones no se produzcan. Creemos que es lo que tiene valor, más que el hecho de que sea una norma represiva”, matizó la diputada foral. No obstante, recoge un régimen sancionador, que tipifica las infracciones de las más leves a las más graves, con medidas que van desde la simple amonestación a la destitución.

Para velar por el cumplimiento de lo establecido, se creará un órgano de garantía, que se dedicará no solo a sancionar sino a poner en marcha “todos esos mecanismos para prevenir esos conflictos de interés”. La propia norma foral no establece por el momento quién conformará ese órgano, un aspecto que desarrollará la Diputación una vez que sea aprobada, aunque Bengoetxea adelantó que será “colegiado”, esto es, formado por varias personas.