agresion a guardias civiles

La Audiencia Nacional encarcela a otros 4 condenados de Altsasu por riesgo de fuga injustificado

Manifestación en la plaza del Castillo, Altsasu. (Javier Bergasa)

Sin esperar a los recursos, el mismo tribunal que dictó la sentencia tarda cuatro días en mandarlos a Soto del Real sin fianza con el argumento de que son penas muy altas

Enrique Conde / Nerea Mazkiaran - Miércoles, 6 de Junio de 2018 - Actualizado a las 09:18h.

IRUÑEA- Insólito, vengativo, desproporcionado. El caso Altsasu se adentró ayer en otra senda excepcional, propia de las cuestiones que se dilucidan en un tribunal como la Audiencia Nacional (AN), cuyos intereses parecen alejarse de la impartición de una justicia justa y garante de derechos. La Sala Primera, la misma que juzgó y condenó a los ocho jóvenes de Altsasu a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por agredir a dos guardias civiles y a sus novias en un bar, decretó ayer sin una mínima motivación jurídica el ingreso en la prisión de Soto del Real de los cuatro jóvenes condenados a entre 9 y 13 años de cárcel (en realidad la condena a Iñaki Abad se corregirá por contener un error y se quedará en diez años de cárcel) que seguían en libertad.

Ellos eran el referido Abad, además de Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola, para los que no hubo ni siquiera el establecimiento de una fianza o de otro tipo de medida cautelar para evitar su encarcelamiento. La vistilla vespertina, a puerta cerrada, dejó claro que los argumentos jurídicos escasean en el proceso.

El tribunal -como ya presagiaba el hecho de que hubiera ordenado detener a las 8.00 de la mañana a los cuatro jóvenes en un despliegue policial excesivo en Altsasu en lugar de haberles citado a través de sus representaciones en la propia AN- se tomó unos minutos para deliberar sobre la petición del fiscal, la abogada del Estado y el letrado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de que se encerrara a los jóvenes con el único argumento de que existía un riesgo de fuga, por haber sido condenados a penas graves de cárcel (aunque ninguna individualmente supere los cinco años). De nada sirvieron los argumentos de las defensas de que tienen arraigo familiar, domicilio conocido, contratos de trabajo, estudios o que suman 150 personaciones judiciales. Nada cambió la decisión del tribunal, del que se podría sospechar que la tenía adoptada de antemano. Solo cuatro días después de la sentencia, que todavía no es firme, la Audiencia entiende que pueden huir. El argumento, por sí solo, apenas tiene sostén. No huyeron cuando tenían encima una petición de 50 años de cárcel y tampoco lo han hecho con una condena de 9 años de prisión.

Las familias de los cuatro jóvenes que ingresaron en prisión al acabar la tarde se mostraron indignadas y perplejas por el proceso. “Somos los únicos a los que el arraigo familiar, en lugar de servir para nuestra defensa, se usa como que pudiera favorecer nuestro riesgo de fuga”, señalaban ayer tras conocer la decisión del tribunal.

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