La justa reivindicación de justicia en Altsasu

Por Javier Ollo Martínez - Sábado, 9 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

EL pasado 1 de junio la Sección Primera de la Audiencia Nacional dictó la sentencia en el marco del proceso judicial relativo al conocido como caso Altsasu a raíz de los tristes y desgraciados hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016. Posteriormente, el 5 de junio se produjeron las detenciones de cuatro de las personas condenadas para trasladarlas a una vista judicial en la que determinar su ingreso o no en prisión. De esta forma, de las ocho personas condenadas actualmente siete se encuentran en prisión, añadiendo a las cuatro personas citadas los tres condenados que se encuentran desde el mes de noviembre de 2016 en situación de prisión preventiva. Todo ello en tan solo cinco días.

Huelga decir que como máximo responsable del Ayuntamiento de Altsasu me corresponde apuntar que la sentencia -al igual que cualquier otra decisión judicial- debe ser respetada, pero no obsta para que muestre mi contrariedad desde un punto de vista jurídico y político.

Sin querer profundizar en el aspecto estrictamente jurídico, sí quiero exponer que la sentencia adolece de la suficiente fundamentación de la relación de causalidad e imputación objetiva del delito en alguno de los casos. La prueba de los hechos, la relación causa-efecto entre el daño producido y la actuación humana, y finalmente la imputación objetiva del delito son tres principios básicos que deduzco se pondrán de manifiesto en fase de recursos.

Centrándome ya en el ámbito político, la sentencia que ahora nos ocupa, junto a las detenciones practicadas cuatro días después de haberse dictado, constituye un paso más en el triste distanciamiento entre el poder judicial y la ciudadanía.

Quienes todavía creemos en los principios en los que se sustenta cualquier Estado de Derecho, no podemos compartir muchas de las actuaciones judiciales que se están produciendo desde el mes de octubre de 2016 hasta ahora. La calificación inicial de los hechos como delitos de naturaleza terrorista trajo consigo que la competencia de la instrucción y el enjuiciamiento fuera asumida por la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Navarra.

Finalmente, la sentencia no considera probado el carácter terrorista de los delitos cometidos pero es dictada por la Audiencia Nacional, y a su vez impone unas penas de prisión absolutamente desproporcionadas. Desproporción que también hemos podido observar en la forma de practicar las detenciones producidas el pasado 5 de junio. Detenciones que debido al motivo de las mismas deben ser calificadas como totalmente innecesarias.

Todo este proceso ha llegado a un punto en el que tanto las personas denunciantes como las personas condenadas, junto a sus respectivas familias, lo están pasando realmente mal. Así me consta y no puedo más que mostrar mi pesar por todo ello. Afirmar que esto no es equidistancia, sino ser consciente y reconocer el dolor y sufrimiento que todas estas personas -vecinos y vecinas de Alsasua- están padeciendo. Sin ninguna duda esta situación debe ser motivo de reflexión.

Hasta ahora los vecinos y vecinas de Alsasua se han manifestado de forma cívica y unitaria y así debe seguir siendo. Una unidad que debe imperar sobre las legítimas diferencias que puedan existir a la hora de calificar los hechos ocurridos el 15 de octubre en nuestra localidad.

Esta unidad es también la que está acompañando la actuación del Ayuntamiento. No puede ser de otra forma. La ciudadanía no entendería que quienes ostentamos un cargo público de representación en su administración más cercana actuáramos de otra forma.

El 20 de abril yo también acudí como alcalde a la sede de la Audiencia Nacional en calidad de testigo, y pude denunciar ante las preguntas de la Fiscalía la desproporción judicial que está acompañando a todo este caso. Lo hice porque consideré que era el mejor momento para reivindicar ante el mismo tribunal la proporcionalidad entre los hechos violentos cometidos y las sanciones a imponer. Y es que proporcionalidad en la actuación judicial es sinónimo de justicia y su reivindicación hoy la simboliza el pueblo de Altsasu.

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