tribuna abierta

Altsasukoak gogoan

Iñigo Bullain - Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

LA sentencia contra los chavales de Altsasu pone en evidencia que este es un país conquistado. El texto ofrece además numerosas pruebas de que también es un territorio ocupado militar y judicialmente. En sus cerca de cuarenta páginas la visión que desde Madrid se traslada de lo sucedido en la Sakana trae a la memoria pretéritos episodios de dominio colonial y evoca el clásico maltrato judicial contra la población autóctona. El castigo que se impone por el acoso a dos números de la Guardia Civil, que fuera de servicio y acompañados de sus parejas habían hecho acto de presencia en un bar de la localidad a altas horas de la madrugada de un sábado, es ejemplar: 79 años de cárcel por un tobillo roto y un labio partido. Es decir, por cada uno de los cinco días de hospitalización que en total necesitaron las cuatro víctimas, se reparten quince años de cárcel. En la sentencia el tribunal asume el testimonio de la Guardia Civil y no presta credibilidad a los demás testimonios que agrupa bajo la rúbrica de “participación de los acusados”. Estos pasan de llamarse Iñaki, Aratz, Jon Ander, Julen, Adur, Jokin, Oihan y Ainara, a ser denominados por el tribunal: Eulalio, Alberto, Lucio, Nemesio, Teodoro, Carmelo, Víctor y Brígida (según parece, los nombres de bautismo de los nativos).

El relato que la jueza traslada de los hechos destila vocación colonial. Se solidariza con las tropas acantonadas, máxime cuando, como relata, la confraternización es rechazada por la población que apenas participa en la celebración religiosa, o en el vino español que se les ofrece en el cuartel, y que, por el contrario, se quejan de las multas y controles a los que se ven sometidos. El proceso también pone en evidencia la acción coordinada de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Brunete mediática para aprovechar un incidente y presentarlo como si se tratara de un atentado terrorista, tesis que hoy siguen defendiendo la Fiscalía, la Guardia Civil y la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Aunque cada año en España se contabilizan casi 10.000 incidentes que involucran a civiles con miembros de cuerpos de la seguridad del estado, el relato de “los hechos probados” utiliza un altercado de bar para mandar un rotundo mensaje a la juventud vasca: o asumís la ocupación sin armar jaleo, aunque se haga también visible un sábado de madrugada y en un bar de vuestro pueblo, o invocando la competencia de un tribunal especial vais a poder ser acusados de terrorismo y linchados mediáticamente. De hecho, la prensa y los medios españoles asumieron mayoritariamente la versión de la Guardia Civil presentando Alsasua como si fuera la Alemania nazi. En consecuencia, un tobillo roto, un labio partido y algunos moratones equivalen a: trece años de prisión para dos chavales;doce años de cárcel para otros dos, y nueve años de prisión para tres. Solo la única mujer encausada, condenada a dos años por amenazas, se libra de ingresar en prisión. Además, se les condena a pagar indemnizaciones: 9.200 euros al teniente agredido, 3.750 al sargento y 6.100 a cada una de las dos mujeres acompañantes, así como 45.000 euros por las secuelas y daños morales a la novia del teniente y otros 25.000 a la novia del sargento, ambas en tratamiento psicológico.

Evidentemente, para poder dar semejante escarmiento y sentar jurisprudencia hace falta poder controlar la administración de justicia. Es decir, poder sustraer la instrucción del caso al territorio y dejarla en manos de un tribunal especial cuyos magistrados van haciendo carrera por la confianza que inspiran. Tal vez por eso resulta que quien instruye la causa es la misma jueza Lamela que luego se encargó de criminalizar el procés en Catalunya, o que a quien después se le encarga de juzgar y sentenciar el caso esté casada con un coronel del benemérito cuerpo. Una circunstancia que evidentemente no se tomó en consideración como motivo de recusación.

Las delirantes imputaciones para que se juzguen los actos por terrorismo decaen una vez que ya se ha transferido la causa a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, pero las sentencias que luego se imponen condenan como si se tratara de terroristas. Es decir, aunque las asombrosas pretensiones del Ministerio Fiscal de que se sentencie por terrorismo, o por colaboración con banda armada o por delitos de odio no prosperan, las penas que se imponen por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, se establecen en su grado máximo. Además, el tribunal da crédito a los informes de inteligencia de la Guardia Civil, que vinculan a los acusados con Ospa, una organización a la que consideran como satélite de ETA, aunque desde 2011 no exista actividad terrorista. La sentencia también condena a los acusados a penas accesorias de veinte años de inhabilitación absoluta y de libertad vigilada durante cinco años.

El proceso, que desde su inicio está plagado de graves irregularidades, concluirá algún día en el Consejo de Europa. Como si viviéramos en Turquía.