acción social en Bizkaia

La Diputación duplica las plazas para jóvenes tutelados al cumplir la mayoría de edad

Reordena los recursos para evitar que caigan en situaciones de exclusión social

Aitziber Atxutegi - Martes, 26 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

Bilbao - Apenas han superado la adolescencia, muchos han crecido alejados de su familia y, de la noche a la mañana, al cumplir los 18 años, se tienen que enfrentar a la necesidad de buscar un techo bajo el que dormir y un trabajo con el que ganarse la vida. La Diputación ha puesto en marcha un nuevo modelo para atender a las personas jóvenes en riesgo de exclusión, por ejemplo las que han estado tuteladas en el servicio de Infancia, con un enfoque eminentemente preventivo, de manera que no caigan en esa situación y terminen más dañadas. La nueva estrategia duplicará el número de jóvenes a los que acompañará en su tránsito a la vida adulta, pasando de las 162 plazas actuales a 302.

Según explicó ayer en las Juntas Generales la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, la salida del sistema de Infancia, al cumplir los 18 años, supone un “salto brutal” para los menores que han estado tutelados por Diputación, que conlleva “mucha presión y exigencia personal” ante “un gran cambio con niveles de preparación y planificación insuficientes”. “Es difícil que con 18 años puedan estar preparados para insertarse en el mercado laboral. Los jóvenes requieren niveles de cualificación y desarrollo de competencias profesionales y personales que aún no han tenido tiempo de desarrollar en la mayoría de las ocasiones. Son menores sin redes de protección familiar que deben lidiar su adolescencia con ese dolor y además les instamos a que sean capaces de prepararse profesionalmente para ser autónomos a los pocos meses de alcanzar la mayoría de edad. Entenderán -planteó a los apoderados- que se antoja complejo”.

Dentro del replanteamiento que se está llevando a cabo en el servicio de Inclusión, el departamento ha creado una estrategia específica para los jóvenes más vulnerables, bien porque han estado bajo tutela foral y al cumplir los 18 años salen del servicio de Infancia, bien porque se detecta que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión. Laespada hizo hincapié en que es necesario intervenir con este colectivo ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que acaben siendo atendidas en el servicio de Inclusión “más dañados, con mayor deterioro y con una necesidad cronificada de atención. Una sociedad decente no debe permitirlo”.

Este nuevo modelo de atención aportará los apoyos necesarios para que estos jóvenes desarrollen niveles de autonomía personal suficientes para poner en marcha sus propios proyectos de vida, en las diferentes facetas, tanto de formación como de alojamiento, económicas y sociales. Un equipo de cuatro profesionales analizará la situación de cada caso y, en base a ese diagnóstico, se decidirán los apoyos que necesita.

Se hará especial hincapié en mejorar la empleabilidad de estos jóvenes, a través de itinerarios de formación que les permita llegar al mercado laboral con mayores garantías. Por ejemplo, se ha puesto en marcha el proyecto Gandarias Etxea, “uno de los más vanguardistas de Europa”, gestionado por Cáritas, el primer acelerador de empleo. También en el ámbito formativo, se realizará un acompañamiento específico para aquellos jóvenes que lleguen a la universidad, a través de líneas como becas, alojamientos en colegios mayores o préstamos de libros, con el programa Arrakasta. “Vamos a adaptarnos a lo que necesiten”, especificó la diputada. En cuanto a los alojamientos, se apostará por viviendas independientes, sin apoyo de educadores, cambiando el actual modelo residencial por apoyos en centros diurnos. El principal apoyo económico se seguirá canalizando a través de las ayudas especiales a la inclusión social, aunque se vincularán a procesos de atención especializada, mediante un plan individualizado, y también se podrán solicitar importes adicionales para hacer frente a otros gastos derivados de ese plan, que se canalizarán a través de las entidades gestoras y se deberán justificar.