regiones y naciones sin Estado

Urkullu se alía con seis naciones para pedir voz en Europa

La CAV, Nafarroa, Gales, Bruselas, Flandes, Piamonte y Salzburgo piden el estatus de región asociada a Juncker

Míriam Vázquez - Viernes, 13 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

bilbao - La batalla de las regiones y naciones sin Estado para tener una mayor participación en la toma de decisiones en la Unión Europea ha cristalizado en un documento conjunto de siete gobiernos, entre ellos los de la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, para pedir a la Comisión europea un reconocimiento expreso del estatus de región asociada en su normativa. De ese modo, su participación no quedaría al albur de la voluntad del Estado en el que se encuadran. Los siete territorios han acumulado fuerzas para pedir que se reabra el debate que ya se dio en el pasado con el Informe Lamassoure, que fue tumbado en 2002 por la Eurocámara. El documento, al que ha tenido acceso DEIA, lo suscriben los gobiernos de la CAV, Nafarroa, Bruselas Capital, Flandes, Gales, la región italiana de Piamonte y la austriaca de Salzburgo. Ese texto se ha hecho llegar a la Comisión Europea que dirige Jean-Claude Juncker. La propuesta, por tanto, es formal, y apunta a una estrategia conjunta y de largo recorrido entre estos siete gobiernos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, reveló ayer esta petición en la segunda jornada de su visita a Gales. También firmó un protocolo de colaboración con su ministro principal, Carwyn Jones, para añadirlo a la red de alianzas estratégicas del Gobierno vasco, lo que eleva a ocho el número de integrantes de esta sociedad de intercambio económico y cultural que agrupa, entre otros, a Quebec y Baviera.

Entre las recomendaciones que plantea el documento a la Unión Europea, el lehendakari destacó ayer la celebración de una Convención para retomar el debate del Informe Lamassoure, que recogía la figura de la región asociada. Con ese estatus, el papel de las regiones y naciones dejaba de ser un asunto interno de los estados y se convertía en una apuesta institucional de la Unión Europea. Se trataba de llevar al corpus constitucional de los tratados europeos el estatus de región asociada, para que los territorios con competencias legislativas y realidades nacionales singulares tuvieran derecho a participar y ser consultados en la redacción de las leyes y la toma de decisiones. Urkullu planteó ayer un grupo de trabajo para institucionalizar este concepto de la región asociada.

El documento ha sido fruto de cuatro meses de trabajo entre los siete gobiernos. No aborda la apuesta por una Ley de Claridad para que las naciones puedan someter a referéndum la relación con sus estados, ni menciona la independencia. Este documento es estrictamente una apuesta por una mayor participación en la Unión Europea y no trata esas otras reivindicaciones, que algunos de los firmantes ni siquiera se plantean y, los que lo hacen lo seguirán reclamando por otros carriles.

Puede llamar la atención que no se hayan sumado a esta dinámica los gobiernos de Escocia o Catalunya. Las fuentes consultadas lo enmarcan en que Escocia sigue su propia vía de interlocución con Reino Unido y Europa, mientras que el Govern catalán está muy desencantado con la Unión Europea porque siempre confió en que Bruselas alzaría la voz para exigir diálogo a Madrid, pero no surgió ninguna mediación para celebrar un referéndum. El expresident Puigdemont llegó a intercambiar reproches muy duros con las instituciones comunitarias y se enfrentó directamente a Juncker.

tribunales europeos En el documento se citan nueve recomendaciones, como abrir un debate que defina las condiciones para que las regiones tengan acceso directo a los tribunales europeos, abordar el papel del Comité de Regiones para que sus opiniones sean más tenidas en cuenta, y que los estados garanticen la participación directa de las regiones en las reuniones del Consejo que aborden cuestiones de su competencia. “Desde Euskadi defendemos una Unión Europea social, federal y basada en la gobernanza multinivel”, explicó el lehendakari, para añadir que las naciones firmantes “creemos en Europa y queremos tener presencia y participación en sus decisiones futuras”.