director general de memoria histórica del gobierno español

Fernando Martínez: “Mientras haya fosas comunes, no habrá democracia asentada”

Catedrático de Historia Contemporánea y exalcalde de Almería, Fernando Martínez fue nombrado director general para la Memoria Histórica

Una entrevista de Jurdan Arretxe - Jueves, 19 de Julio de 2018 - Actualizado a las 07:34h.

donostia - ¿Qué le dice la fecha del 18 de julio?

-Fue una quiebra importantísima para los procesos de democratización y modernización de la España de los años 30, aunque fue el 17 de julio cuando se levantaron.

¿Qué pensó el pasado domingo cuando vio la concentración en el Valle de los Caídos?

-Pone de relieve que una parte muy residual de la población todavía está muy imbuida en la sociología franquista. Nada más.

La ministra Delgado plantea ilegalizar este tipo de asociaciones o revisar el Ducado de Franco.

-Marcó los hitos fundamentales por donde va a pasar la política de memoria del Ministerio de Justicia. El fascismo, el nazismo y el franquismo son incompatibles con la democracia. No puede haber asociaciones que sistemáticamente hagan apología del franquismo. Estamos haciendo un estudio de su ilegalización y estudiamos la anulación del Ducado de Franco. También las condecoraciones al policía Billy El Niño.

Estas reflexiones se enmarcan en la reforma de la Ley de Memoria Histórica. ¿Cuál es el balance?

-La ley de 2007 creó las bases de la dignificación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, implementando políticas que no se realizaban, sobre todo exhumaciones, aunque se quedaran en el ámbito de las asociaciones y los familiares.

¿Por qué reformar la ley?

-Partimos de las insuficiencias de esa ley y que impiden cumplir sus propios objetivos, de los requerimientos permanentes que desde la ONU y otros organismos internacionales nos plantean, de las leyes autonómicas que han ido ya más lejos de la ley de 2007, y de las reivindicaciones justas y correctas de las asociaciones de memoria.

¿Qué se proponen?

-En 2007 se declaró que los tribunales de excepción y sus sentencias eran ilegítimas e injustas, pero hay que dar un paso más: la nulidad de esos tribunales y los fallos. La búsqueda de los desaparecidos también es fundamental, que pase del marco privado de las asociaciones y los familiares al liderazgo del Estado.

¿En qué consiste esta colaboración?

-Queremos hacer un censo nacional de desaparecidos que no lo podemos montar solo desde el Estado. El País Vasco está haciendo uno y queremos conveniar para incorporar al censo general;en Andalucía tenemos los nombres de los casi 60.000 que pasaron por los tribunales de Responsabilidad Política o comisiones de depuración… Tenemos que hacer un censo de edificios construidos con trabajos forzados también. Hay que plantearse una cuestión pendiente de la Guerra Civil que hasta ahora casi nunca se ha planteado: reparar a los particulares a los que se les incautaron bienes.

Hablemos primero de los desaparecidos. ¿Cómo lideraría el Estado esa búsqueda?

-La mejor fórmula pasa por los organismos judiciales territoriales, que lleguen hasta donde sea posible llegar. ¿Por qué no buscan los jueces como ocurre con cualquier desaparecido? Se pueden aplicar los artículos 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto hay que resolverlo cuanto antes. Cuando vamos a cualquier foro internacional nos preguntan si en España aún hay fosas comunes. ¿Cómo puede sustentarse una democracia todavía con fosas? Este país tiene una democracia asentada, pero no la asentará definitivamente mientras tenga fosas comunes.

¿Será posible hallarlas todas?

-Va a ser difícil, no quiero crear falsas expectativas. Trataremos de establecer planes cuatrienales de exhumación.

¿Por qué hace falta una Comisión de la Verdad?

-El relator de la ONU dijo que uno de los problemas de España era la fragmentación de la memoria, e invitó a oficilizarla de alguna forma.

¿Plantean reformar el Valle de los Caídos?

-Hay que quitarle ese significado de símbolo del nacionalcatolicismo y convertirlo en un centro nacional de la memoria, exhumar los restos del dictador y trasladar los de José Antonio Primo de Rivera, que sí fue un caído de la Guerra Civil, a un lugar que no sea preeminente.

¿Cómo se puede exhumar a Franco si la familia se opone?

-No voy a entrar en esa cuestión más allá de lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Qué piensa cuando la jueza María Servini abre en Argentina causas judiciales cerradas en España?

-A mí me da una cierta vergüenza que nos lo hagan desde fuera cuando lo podemos hacer aquí.