¿Pluralismo o cambio de turno?

Por Iñigo Bullain - Martes, 24 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

EL pluralismo político, considerado por la Constitución española de 1978 como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, no solo implica un sistema pluripartidista, sino también reconocer que en una democracia caben diferentes proyectos políticos. En el caso de España, esto debiera significar que no solo se da cobertura a un proyecto nacional, monárquico y neoliberal, sino que también cuentan con legitimidad otros proyectos: republicanos, socialistas o soberanistas. La igualdad y la libertad, que también se reconocen en la Constitución como valores superiores, debieran significar que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos para promover diferentes proyectos políticos en libertad e igualdad.

Si en una democracia solo cabe desarrollar un único proyecto político, tal y como parecen entender las fuerzas políticas que invocan la unidad de España para negar la legitimidad de otros proyectos políticos, entonces se trataría de una democracia autoritaria. En un Estado democrático, sin embargo, se debe garantizar a todos sus ciudadanos el mismo derecho a desarrollar proyectos políticos, sin discriminar según su orientación nacional o ideológica. El único límite debiera ser el respeto a los derechos y libertades fundamentales inherentes a la dignidad humana. En ese sentido, si no se reconoce que construir una república catalana o una república vasca es un proyecto tan legítimo como sostener la monarquía borbónica, se estará reconociendo el supremacismo de un determinado proyecto y, en consecuencia, negándose la igualdad entre los ciudadanos.

El denominado Régimen del 78 configuró una democracia para un único proyecto político en el que una pluralidad de partidos asegura la monarquía borbónica, la supremacía de la nación española y la hegemonía de un capitalismo neoliberal. Así, para el nacional-constitucionalismo hispano, el republicanismo, el socialismo o la autodeterminación de Euskadi y Catalunya no son opciones constitucionales. Quienes solo entienden la democracia española desde un prisma nacional confirman el paradigma westfaliano que solo considera posible que el Estado sea confesional. Antes según criterios religiosos, católico o protestante, y ahora en términos nacionales. Que la identidad nacional como la religiosa sea un derecho de la ciudadanía sigue siendo una utopía, como la que pretendió amparar en su día Enrique de Navarra mediante el Edicto de Nantes.

En el marco de la Unión Europea, el pluralismo político debiera implicar que además del proyecto neoliberal y estatal que impulsan sus instituciones se reconozca a otros proyectos legitimidad para poder desarrollarse. Sin embargo, aunque reconocer a la oposición es un rasgo fundamental para cualquier sociedad democrática, en la UE, tanto la oposición euroescéptica como el reformismo antiausteridad han sido deslegitimados sistemáticamente. Los intentos de promover un debate político sobre la economía europea se saldaron en el Eurogrupo con una tajante negativa, y recientemente en Italia, el intento de plantear otra política económica gubernamental ha recibido un esperpéntico veto presidencial. Pero reducir la democracia a un turnismo o a una mera alternancia partitocrática, cuando las elecciones o los gobiernos no significan poder cambiar de políticas, es un fraude. La política sin elección es precisamente un rasgo capital del modelo de democracia -autoritaria- que se ha ido instalando en la Unión Europea, donde las elecciones al Parlamento Europeo no permiten cambiar de políticas y las decisiones se adoptan en órganos no sujetos a un control electoral.

Desde el siglo XIX en España “la unidad constitucional de la monarquía” se ha venido empleando como criterio para despojar de autogobierno a las provincias vascongadas y a Nafarroa. Contemporáneamente, el respeto a la Constitución se viene empleando como argumento para debilitar a las autonomías y para negar en la práctica a los ciudadanos vascos y catalanes su derecho a promover proyectos políticos soberanistas. El nacionalismo español viene utilizando la judicialización de la política como un recurso para garantizar el supremacismo de su proyecto político, mientras en la Unión Europea, sustraer las decisiones a órganos electos está en la base de conferir a instituciones no mayoritarias la autoridad para tomar decisiones políticas. Que la política económica de la zona euro se adopte en un organismo informal como el Eurogrupo forma parte del proyecto tecnocrático de despolitizar la sociedad europea. Un proyecto ideológico que favorece que la oligarquía financiera gobierne a través del denominado Government Sachs.

Pero más allá del talante más conciliador que para con la disidencia pueda desarrollar el nuevo gobierno español, la asignatura pendiente de la democracia española seguirá siendo asumir la legitimidad de otros proyectos políticos diferentes del hegemónico y hasta la fecha único posible. Para la UE lo será reconocer la legitimidad de otras políticas y la oposición a su modelo oligárquico. Contribuir a desalojar al PP, o alejar de La Moncloa al neofalangismo que solo ve españoles, es, en términos de pluralidad democrática, una decisión acertada. Pero está por ver, dado su errático pasado y su apoyo al 155, si el talante exhibido por Sánchez durante la moción de censura tiene continuidad. El acercamiento de presos y el cumplimiento, tras cuarenta años, del Estatuto de Autonomía, demostrarán si más allá del turnismo cabe esperar un cambio democrático que asuma la pluralidad y en consecuencia la legitimidad de diferentes proyectos políticos.

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