37 competencias DEL ESTATUTO pendientes

Lakua y Madrid se citan para cerrar la ley de abusos y sondear traspasos

Blindarán la seguridad jurídica de la norma de abusos policiales para que se pueda hacer todo lo que marca la ley

Míriam Vázquez - Martes, 24 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

Bilbao - El Gobierno español de Pedro Sánchez se comprometió a lanzar unas primeras señales de complicidad a la comunidad autónoma vasca este mes, que está a punto de expirar. Abrió una negociación con el Gobierno vasco para retirar el recurso que interpuso Rajoy contra la ley de abusos policiales, y también se prestó a estudiar las 37 competencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika, empezando por las más técnicas y las que guardan relación con las infraestructuras. Esta semana será la última del mes, y ha llegado el momento de recapitular y cerrar los primeros compromisos. Los técnicos están intercambiando papeles en las dos líneas de negociación para sellar ya los acuerdos hasta donde hayan llegado, tal y como explicaron ayer fuentes de la Consejería de Autogobierno de Josu Erkoreka. Se reunirán esta semana y todo apunta a un pacto para salvar la ley de abusos policiales y desistir del recurso ante el Tribunal Constitucional. Es un asunto que se ha abordado con carácter urgente y donde los contactos han sido más prolíficos, mientras que será necesario más tiempo para traer la primera transferencia a la comunidad autónoma. No obstante, desde el entorno del consejero no descartan ningún escenario y dejan abierta la posibilidad de que haya acuerdo en los dos ámbitos, en uno o en ninguno, y remiten a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy.

El acuerdo sobre la ley que busca reparar los abusos sufridos entre 1978 y 1999 está sin cerrar al cien por cien y ambas partes seguían ayer negociando, pero los gobiernos vasco y español no ponen en duda que va a producirse esta semana y han acercado posturas en torno a un principio clave: “todo lo que marca la ley se va a poder hacer”, de manera que se podrán analizar las denuncias de las posibles víctimas aunque no haya una sentencia que respalde su versión. Sin embargo, se va a buscar una “mayor seguridad jurídica” en esa tarea, según apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones. Los dos gobiernos han tratado de cerrar en las últimas horas el alcance de esa seguridad jurídica y su plasmación práctica en la ley.

Medir el impacto

Es una negociación que está avanzando a ritmo muy lento. Una de las principales dificultades viene motivada por la necesidad de medir el impacto mediático de este acuerdo por parte del Gobierno español y hacer pedagogía para que nadie interprete esta ley como un intento de descrédito generalizado hacia las fuerzas de seguridad, o un intento de justificar la violencia de ETA dentro de la teoría del conflicto. A Sánchez le queda un Consejo de Ministros, este viernes, antes de que acabe el mes. Es muy probable que confirme en ese momento que levanta el recurso.

Cualquier modificación tendrá que remitirse al Parlamento Vasco para ser ratificada. La Secretaría de Convivencia de Jonan Fernández está rumiando las posibilidades, al igual que los técnicos del Gobierno español, aunque se prevé que los cambios sean fácilmente asumibles por el resto de partidos, salvo el PP, que se opone a reparar a estas víctimas con el argumento de que cualquier gesto supone entrometerse en la labor de los jueces. El Gobierno vasco está dejando claro en sus contactos con Madrid que no se busca señalar culpables ni abrir un proceso penal, sino que la reparación de estas víctimas es administrativa. El propio PSE pactó con el PNV esta ley, un argumento de peso para el PSOE en Madrid a la hora de retirar el recurso. La Comisión de Valoración de los testimonios ya está constituida, y será la que decida en cada caso si procede conceder la condición de víctima a un denunciante.

El acuerdo también está cerca en el caso de los Presupuestos vascos y la subida salarial que contempla para los funcionarios, al margen de algunas discrepancias técnicas sobre las cifras y las aportaciones al fondo de pensiones Itzarri. En el caso de las transferencias pendientes, todo apunta a que podría ser necesario más tiempo para cerrar el primer traspaso. La transferencia más sencilla afecta a dos líneas de ferrocarril donde el Tribunal Constitucional ha reconocido la titularidad vasca (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo), pero tampoco está del todo claro que ese traspaso vaya a producirse con carácter inmediato, esta misma semana y con una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. Las otras materias que Sánchez ha planteado abordar con carácter prioritario son las autopistas A-68 y A-1, y el Puerto de Pasaia, aunque la semana pasada matizó que es un puerto de interés general cuya actividad económica tiene repercusión en todo el Estado. El gesto sobre los abusos policiales tendrá alcance a nivel estatal y Sánchez podría decantarse por dosificar sus guiños al Gobierno vasco.