resolución del Tc contra la ley navarra

Lakua defiende la ley de abusos apelando a las sentencias europeas por torturas

Erkoreka considera que la resolución del Tribunal Constitucional contra la ley navarra no es aplicable a la norma vasca

Humberto Unzueta - Martes, 31 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

Bilbao - Ante la posibilidad de contagio de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de abusos policiales de Nafarroa, el Gobierno vasco exhibe confianza ante la suerte que le puede deparar este mismo tribunal en relación a su propia ley de víctimas de excesos de las fuerzas de seguridad o de la extrema derecha entre 1978 y 1999. Lakua confirmó ayer que el nuevo Gobierno español liderado por Pedro Sánchez retirará en el Consejo de Ministros de este próximo viernes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el año pasado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Con ese viento favorable, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, lamentó que algunos sectores quieran “echar tierra” sobre las torturas y los malos tratos ejercidos por funcionarios públicos pese a que el Estado español ha sido condenado hasta en ocho ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar de forma efectiva las denuncias sobre torturas;en algunos casos más, este tribunal ha llegado incluso a condenarlo por la práctica de malos tratos.

Erkoreka compareció ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones y valoró las perspectivas de la ley vasca de víctimas de abusos policiales tras el varapalo recibido por el Gobierno navarro con la norma que pretende regular los casos de la misma naturaleza. Lakua pretende marcar diferencias respecto de la ley navarra ya que, a juicio de Erkoreka, ambas normas difieren “en su concepción y objetivos”, lo que le lleva a considerar que la sentencia del Constitucional en el caso navarro “no es aplicable” a la normativa aprobada por el Parlamento Vasco.

La ley vasca de víctimas de abusos policiales está suspendida parcialmente y el principal escollo reside en la comisión de evaluación compuesta por expertos que determinarán las vulneraciones de derechos humanos infligidos por agentes policiales a los detenidos por su vinculación con actividades de ETA. El Gobierno del PP y algunos sindicatos policiales y asociaciones de víctimas consideraron que esa comisión actuaría como un tribunal de justicia que señalaría la comisión de un delito y un culpable. Por su parte, el Gobierno vasco, y ahora también el español, rechazan que ese sea el objetivo y ponen el acento en la necesaria reparación de las víctimas de excesos policiales cuya evidencia es palmaria, aunque no exista una verdad judicial.

En este sentido, el portavoz del Gobierno vasco subrayó que la ley de abusos policiales vasca se centra “casi exclusivamente en el reconocimiento y la reparación de las víctimas”, en contraste con la norma aprobada por el Parlamento de Nafarroa que, a su entender, incluye “múltiples referencias a conceptos como la indagación, la investigación y la búsqueda de la verdad”, que son los que reciben mayores objeciones por parte del Tribunal Constitucional.

Justicia europea En defensa de su normativa para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, Erkoreka subrayó que “llama la atención que exista un interés tan notable para echar tierra sobre un episodio concreto de la historia de España”, en referencia a las víctimas de torturas y malos tratos policiales. A su juicio, resulta llamativo que el TC “insista en la necesidad de reconducir exclusivamente al ámbito judicial” las actuaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos por los cuerpos policiales o de la extrema derecha.

El portavoz del Ejecutivo de Urkullu contrapone la posición de los sectores contrarios a esta ley con la exhibida por la Justicia europea que ha condenado en varias ocasiones al Estado español por no investigar las denuncias sobre torturas policiales, lo que evidencia la “preocupación” existente en Europa por la situación “anómala” que existe en España en relación a este asunto. La ley vasca vino a cubrir la laguna que existe a la hora de reparar a las víctimas que han padecido este tipo de violencia y que, a juicio de Erkoreka, hasta el momento no han recibido una “satisfacción adecuada”.

La retirada del recurso por parte del Gobierno español obliga al vasco a realizar retoques que no afectan al tronco pero que disipan las dudas de constitucionalidad. Aún así no es del todo seguro que el TC se inhiba de este asunto ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la creación de la comisión de evaluación de abusos policiales, lo que podría reavivar la vía judicial.