Otro docente imputado

La jueza estrecha el cerco sobre Casado por su máster

Investiga si en otros másteres de la universidad convalidaban tantas asignaturas como al nuevo líder del PP
Imputa a otro profesor, que también está bajo la lupa en el ‘caso Cifuentes’

DEIA - Sábado, 4 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

MADRID. La jueza Carmen Rodríguez Medel sigue sumando argumentos que acercan a Pablo Casado a ser llamado por el Tribunal Supremo en la causa de su máster, en el que varios compañeros de curso ya están siendo enjuiciados e incluso imputados por presunta prevaricación. La magistrada solicitó ayer a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que aporte entre diez y veinte expedientes de convalidaciones relativos a otros másteres cursados en esta institución en el curso 2008-09, con la misma fórmula administrativa que el del presidente del PP.

En la providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid solicita a la URJC para que antes del próximo día 8 remita una serie de documentación que cumpla con los siguientes requisitos. Que sean expedientes de reconocimientos de créditos en másteres oficiales de la URJC, todos ellos del curso académico 2008-09, pero que sean diferentes del Máster de Derecho Autonómico que cursó el líder del PP, es decir, que no sean títulos propios del Instituto de Derecho Público de la Universidad.

Pero también que el máster tuviera solo sesenta créditos, como el de Casado, a ser posible que fueran de diferente títulos de posgrado, que se reconocieran asignaturas por hasta cuarenta créditos y que el único mérito para esa convalidación fuera ser licenciado, ingeniero o arquitecto. Pide asimismo entre diez y veinte expedientes a la Universidad. La jueza pretende con ello averiguar si era habitual en estudios superiores de sesenta créditos conceder convalidaciones de asignaturas por hasta cuarenta créditos, como sucedió con el líder del PP y con sus tres compañeras investigadas. Pero sobre todo el formato administrativo empleado en las tramitaciones de esos expedientes, si se producían en masa, de forma reglada, rellenando todos los espacios y si su concesión se producía con anterioridad o no a la solicitud correspondiente de los alumnos.

Este fue el caso de María Mateo Feito, que tuvo dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía, y que el pasado jueves declaró como investigada ante la jueza, a quien reconoció que le concedieron las convalidaciones con anterioridad a que ella las solicitara, aunque precisó que de eso se enteró más tarde. También a las otras dos compañeras imputadas, Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana durante la presidencia de Francisco Camps, y María Dolores Cancio, profesora de la URJC, a quienes les convalidaron cuarenta créditos.

La magistrada imputó también al catedrático de la URJC Pablo Chico de la Cámara en la pieza separada sobre el máster de Derecho Autonómico que hizo Casado. Así lo indicaron fuentes jurídicas para señalar que este docente, que ya era investigado por el máster que cursó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, tiene ahora una doble imputación después de que una de las compañeras de Casado, Mateo Feito, señalara que le calificó una de las asignaturas. Por su parte, el docente negó ese extremo ante la magistrada durante su declaración y afirmó que él no evaluó a esta alumna.

Despacho del principal implicado

En este contexto, el director provisional del Instituto de Derecho Público de URJC, Pablo Acosta, dijo a la jueza que nadie ha entrado en el despacho personal del principal implicado Enrique Álvarez Conde, que permanece “intacto” y cerrado con llave, por lo que no descarta que pueda esconder información clave para la causa. Acosta compareció como testigo, dentro de la pieza C, referente a Casado, por ser quien halló hace días de forma sorpresiva una caja con documentación de las tres estudiantes investigadas de la promoción del presidente del PP. Explicó que tan solo ha sido registrado el despacho que Álvarez Conde tenía como director del Instituto de Derecho Público en la URJC, pero no el que le correspondía como docente. Ese se encuentra “intacto” y cerrado con llave desde la destitución de Álvarez Conde, por lo que nadie ha podido entrar a comprobar la documentación que allí almacenaba.

Acosta sostuvo que desde que tomara posesión en mayo no había encontrado nada dado que no tenía los medios suficientes para buscar toda la documentación, hasta el punto que dijo que se le hizo grande el cargo. Y aunque fue él quien hace una semana encontró ese “caja con documentación”, que fue ya aportada a la causa, ayer precisó que dicha caja, en realidad, contiene poca documentación y sin una excesiva importancia para el procedimiento.