tribuna abierta

El blindaje de los derechos

Por Joseba Iñaki Sobrino - Domingo, 5 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

UNA demanda que protagoniza cada vez en mayor medida el debate político (tanto a nivel nacional, con ocasión del análisis del nuevo estatus en la Ponencia de Autogobierno como en un ámbito más amplio) es la del “blindaje” de los derechos, particularmente la de aquellos que implican obligaciones de hacer de la Administración en respuesta a situaciones individuales de necesidad. Cuando se habla de blindaje en este contexto, se pretende hacerlo en el sentido de garantizar a los derechos un determinado contenido que no sea susceptible de minoración por voluntades políticas futuras diferentes de las actuales.

Una primera advertencia que no debería escapársele a cualquier analista riguroso de la materia es la de que el blindaje es en casi todas las ocasiones relativo, no absoluto. Incluso si introducimos el derecho, acompañado de una cierta precisión sobre su contenido, en la norma jurídica preeminente y de más difícil modificación (la Constitución) nuestra voluntad jurídica presente es susceptible de ser vencida, con mayor o menor dificultad pero vencida, por una hipotética futura de sentido contrario.

Ni que decir tiene que es mucho más sencillo todavía si el derecho o su delimitación se sustentan tan solo en el amparo legal en lugar de contar con la cobertura constitucional.

Es además lógico que sea así, porque una norma absolutamente inmodificable sería contradictoria con la esencia cambiante de la sociedad y negaría a nuestros herederos una parte importante de su libertad, que nos habríamos autoatribuido nosotros con carácter exclusivo.

Es cierto que no podemos desconectar los derechos de una cierta visión ética de la vida y de la sociedad, y que afortunadamente esta trasciende nuestra particular comunidad, formando parte de un humus internacional compartido en gran medida. Pero el consenso, y con ello la posibilidad de blindaje absoluto incluso frente a la voluntad estatal constituyente, a través por ejemplo de pactos y tratados internacionales, se reduce, si es que es posible en algún grado, al ámbito de las libertades, de los derechos que no implican prestaciones de hacer de la Administración.

Fuera de ellos encontraremos reconocimientos formales y proclamas enfáticas, que tropiezan con numerosas interpretaciones divergentes cuando se trata de delimitar sus contornos.

No solo hay que recordar que el blindaje es relativo, sino que además la pretensión de imponer a la ciudadanía futura nuestra particular concepción del alcance del derecho, consideradas unas condiciones sociales concretas (un determinado nivel de riqueza, una determinada estructura demográfica, un particular aprecio o preferencia por unos bienes con respecto a otros… ) debe restringirse a aquello que forme parte del mínimo sin el que no podríamos considerar derecho aquel del que se trate.

De otra manera impediríamos que un distinto nivel de riqueza, una distinta estructura demográfica, un distinto aprecio… fuesen tomados en consideración a la hora de legislar, cargando nuestro futuro con las cadenas de nuestro pasado.

El meollo de la cuestión estriba, entonces, en determinar cuál es ese mínimo.

Solo puede ser uno cuya ausencia permita deducir con claridad que no existe el derecho o que no se está garantizando en el caso. Es por ello difícil y arriesgado cifrarlo en cuantías absolutas de prestación material. Quizá lo que hoy nos parece justo y necesario sea excesivo en otra sociedad y otro contexto económico;una vivienda de 90 metros cuadrados empieza a ser demasiado grande para el modelo de familia imperante, cuando no hace mucho hubiese sido el mínimo para que cuatro o cinco personas pudiesen vivir con dignidad. No hay que olvidar que nada (salvo ese agua indispensable para la vida) llueve del cielo, que nada es gratis y que lo que haya que dar a alguien como derecho tendrán que sufragarlo a su costa los demás. El que a una sociedad futura el contenido del derecho le pareciese demasiado poco nunca sería problema, porque siempre cabría superar el mínimo, se configurase o no como obligación per saecula seculorum.

Pero si es arriesgada la cuantificación absoluta, no lo es tanto la relativa. De hecho avanzamos cada día más en la medición estadística y cruce de parámetros y ya en la actualidad determinadas prestaciones tienen un contenido en proporción a otras, la RGI en función del salario mínimo, las pensiones respecto del IPC…

En todo caso si es relativo, salvo excepciones, en lo que se refiere a su posibilidad de reinterpretación futura (y ni siquiera sobre el derecho a la vida, ahí está la pena de muerte, parece haber total consenso interpretativo ) y si debe ser relativa también la delimitación para que no infrinja nuestra noción de justicia en diferentes condiciones sociales, ¿podemos en realidad hablar de blindaje de derechos?

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