Editorial

Competencia, servicio y convivencia

Entre los argumentos que deben valorarse a la hora de legislar en materia de alquileres turísticos el de garantizar la libre competencia es uno a tener en cuenta pero en ningún caso el único que marque la pauta

Miércoles, 8 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

LA Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ejercido su papel de propiciar un escenario de liberalización equilibrada de los mercados y, atendiendo a los criterios que son de su incumbencia, ha decidido recurrir las normas sobre alquileres de viviendas turísticas que aprobaron los ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Madrid. La decisión escapa al clásico conflicto competencial en tanto los motivos argumentados no tienen que ver con una colisión de estas normas con una legislación residenciada en otra institución del Estado o por invasión de funciones sino que la CNMC cuestiona las restricciones impuestas a la práctica del alquiler vacacional por los límites que impone a su extensión como negocio. En este sentido, siendo cierto que este es un ámbito de actividad económica y de intercambio de un servicio por una prestación económica y esto implica que su regulación garantice la libre competencia y los derechos de los usuarios, no puede ser esta perspectiva la única a valorar a la hora de definir las condiciones en las que nuestras ciudades prestan un servicio de estas características. No hace falta caer en el maniqueísmo de renunciar al turismo o señalarlo para reconocer que su inserción en nuestros entornos de convivencia debe ser racional y no invasiva. Pueden cuestionarse algunas de las condiciones establecidas en nuestros municipios si se considera que dificultan la calidad del servicio prestado y restringe el acceso al mismo, pero esto no puede hacerse de espaldas a la innegable afectación que esta práctica mercantil tiene en sus entornos. La barra libre abre la puerta al desembarco masivo de empresas gestoras on line de la oferta y no es una opción. Liberalizar la oferta de pisos turísticos no puede hacerse sin salvaguardar las condiciones de calidad de vida no solo de sus potenciales clientes sino de los residentes que conviven con ese negocio. Negar que esta afectación existe y actuar solo con criterios de mercado ha supuesto en el pasado generar espacios de saturación y dificultades en la convivencia. Las normas recurridas podrán ser mejorables y cabrá estudiarlo. Pero el baremo no debería renunciar a la inserción dimensionada de un modo razonable, de una actividad económica legítima pero que debe ser consciente del impacto que produce.