Competencia lleva a la Justicia la regulación de los pisos turísticos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurre al TSJPV la normativa de Bilbao

Aitziber Atxutegi - Miércoles, 8 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

Bilbao - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere tumbar la regulación sobre los pisos turísticos del Ayuntamiento de Bilbao. El organismo ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regula esta actividad en la capital vizcaina, limitando su instalación, al entender que es contraria a la competencia y perjudica a los consumidores. También ha seguido el mismo camino con las normativas de Donostia y Madrid.

Ya el pasado mes de mayo, el organismo -de carácter estatal y que está sometido al control parlamentario- envió un requerimiento al Ayuntamiento de Bilbao para que anulara las restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas. De esta forma, la CNMC pretendía “evitar tener que recurrir las normas ante los tribunales”, según la nota de prensa remitida ayer por este organismo, homólogo a nivel estatal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

El pasado mes de enero, el Consistorio aprobó un cambio en su PGOU para que los pisos turísticos solo pudieran estar ubicados en las primeras plantas de los edificios o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales y, en el caso del Casco Viejo, solo uno por bloque. En el pleno municipal celebrado ese mismo mes, hubo un rechazo unánime al requerimiento por parte de todos los grupos municipales, que instaron a la autoridad a recurrir a los tribunales si lo consideraba necesario.

Y así ha sido. La CNMC presentó el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ahora deberá dilucidar si lo admite o no a trámite.

En el caso concreto de Bilbao, el organismo estatal critica que solo puedan ser viviendas de uso turístico aquellas ubicadas en las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, no comparte que se exija autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas, y también observa otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y que solo puedan estar ubicadas en edificios de uso residencial.

Todas estas medidas, considera la CNMC, tienen efectos “restrictivos” sobre la competencia, “al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados”. Ello, advierte, “provocará precios más elevados en el alojamiento turístico” y reducirá la calidad, inversión e innovación.

“No se justifican las medidas” Es más. Para este organismo, las medidas establecidas por el Ayuntamiento de Bilbao para regular la actividad de los pisos turísticos “no garantiza una mayor calidad de los alojamientos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos”. Ni en Bilbao, ni en Donostia y Madrid, donde también se han recurrido las normativas, entiende que las medidas están justificadas. “En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlo”, advierte.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao declinaron ayer realizar una valoración sobre este recurso, aunque fuentes municipales recordaron que ya el pasado 31 de mayo el pleno rechazó por unanimidad la petición que les había enviado la CNMC para anular la regulación de los pisos turísticos.

Por su parte, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, criticó que la lectura que realiza el organismo de la normativa da “alas libres al libre mercado sin tener en consideración ningún otro principio ni valor”. Tras un primer análisis “muy somero”, ya que ayer todavía no disponían del contenido del recurso, el primer edil donostiarra advirtió que el Consistorio no comparte “en absoluto” dicha interpretación. “Este Ayuntamiento lo que va a defender siempre es la facultad que tiene de regular los usos del suelo en base a la competencia urbanística”, defendió Goia, quien también destacó que “el bien absoluto que tiene que ser preservado” es la convivencia entre ciudadanos, algo que “se pretendió y se consiguió” con la normativa recurrida. Por su parte, el teniente de alcalde, Ernesto Gasco, defendió que la ordenanza es “correcta y adecuada”, y así se demostrará en los tribunales.

El Ayuntamiento de Madrid también anunció ayer que defenderán ante los tribunales la normativa municipal, ya que “su objetivo es poder regular un sector que proteja los usos residenciales del suelo siendo estas competencias de los ayuntamientos”.