Con la venia

No les soportan ni arrepentidos

Por Pablo Muñoz - Domingo, 12 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 10:44h.

NO es fácil ponerse en situación, pero sería interesante una mirada retrospectiva a los tiempos de la épica, a las legendarias marchas a Herrera, al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera) como modelo y referente, y contrastar aquellos tiempos con la actual dinámica que ha diluido el heroísmo de los resistentes en la aceptación de unas condiciones no humillantes, pero sí sometidas a la dura realidad. Olga Sanz y Xabier Moreno, que en su día fueron condenados a 71 y 74 años de prisión, respectivamente, por su pertenencia a ETA como integrantes del comando Bizkaia, acaban de ser trasladados a la cárcel de Basauri desde la prisión asturiana de Villabona para que cumplan en tercer grado penitenciario la parte restante de la condena que se les impuso. Según asegura Instituciones Penitenciarias, Sanz y Moreno, que tienen una hija en común, han cumplido los requisitos establecidos por la ley: “Han finalizado tres cuartas partes de su condena, han abonado la responsabilidad civil, han pedido perdón a las víctimas, se desvincularon de la organización ETA, renunciaron expresamente a la violencia y mostraron su disposición a colaborar con la justicia”. Si se da por buena la información de Instituciones Penitenciarias, en este caso se trataría de una capitulación en toda regla si se toma como referencia la renuncia colectiva a los beneficios penitenciarios que ha mantenido durante décadas el EPPK. Quien o quienes decidieron en su día esa especie de suicidio colectivo, esa actitud de resistencia tan heroica como inútil a aceptar el régimen penitenciario español, deberían asumir como un fracaso descomunal el consentimiento generalizado de la doctrina Rufi, que insta a los reclusos del EPPK a aceptar los trámites legales para mejorar su situación penitenciaria, teniendo en cuenta que para todos los reclusos vinculados a ETA era aplicado el primer grado, el más duro del reglamento. Es sabido que a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria están llegando cantidad de instancias en este sentido por parte de las personas presas, una a una, de forma diferenciada y personal, rectificando aquella primera oleada de solicitudes cliché cuyo carácter colectivo las hizo inviables. Una vez aceptados los requisitos establecidos de renuncia a la violencia, colaboración con la Justicia -que no delación, en ningún caso- y satisfacción de su responsabilidad civil, las personas presas vinculadas al EPPK tienen pleno derecho a que se les apliquen los beneficios penitenciarios, exactamente igual a los aplicados al resto de personal recluso. A este derecho legal hay que sumar el cumplimiento de la ley por parte del Estado, según la cual para la reintegración normalizada de las personas presas éstas deben cumplir sus condenas en establecimientos próximos a su domicilio y su entorno familiar y social. Según se va viendo, las personas vinculadas a ETA actualmente en las cárceles españolas y francesas están cumpliendo su parte. Ya va siendo hora de que los Estados vayan cumpliendo la suya agilizando los trámites en los juzgados de Vigilancia y poniendo fin a la política penitenciaria vengativa de la dispersión, que castiga casi exclusivamente a las familias.Mientras la actitud disciplinada de los presos da a entender que acatan los requerimientos que se les exigen, es desmoralizador comprobar cómo los partidos de la derecha, algunos colectivos de víctimas y la caverna mediática vigilan de manera obsesiva cualquier resquicio de relajación en la dureza extrema. Con el pretexto de defender a las víctimas, de evitar que se sientan humilladas a causa de las decisiones sobre el alivio de las condiciones carcelarias, buscan únicamente preservar su caladero de votos. Mantienen la política basada en la venganza y el odio que descubrió Mayor Oreja a la caza del voto aborrecido del terrorismo acaparando a las víctimas, financiando a sus colectivos más radicales y agitando el lema “que los etarras se pudran en la cárcel”.Convencido de que la competición por la dureza extrema contra los presos de ETA consolida su beneficio electoral y de paso desgasta a Pedro Sánchez, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, protesta airadamente por el traslado de Sanz y Moreno a Basauri y amenaza con echarse a la calle si el Gobierno socialista toca la dispersión. Las gentes de su equipo se permiten -aquí la baladronada de Javier Maroto- protestar por el hecho de que Santi Arrospide haya salido en libertad tras ¡31 años! de cárcel porque, según el alcalde defenestrado de Gasteiz, debería haber permanecido en prisión “de por vida”. Embalado, el flamante presidente del PP se ha encontrado enfrente incluso a los colectivos de víctimas. Pero le da igual.Indudablemente, la derecha española concentró y acumuló votos a cuenta del rechazo extremo a la violencia de ETA, y le fue bien. Desaparecida la organización armada, esa misma derecha sigue empeñada en garantizarse el apoyo electoral aplicando la intransigencia y la revancha con sus presos y pretenden la carambola, situando al Gobierno del PSOE en complicidad con los malos.