Tribuna abierta

La reforma del sistema de pensiones

Por José Manuel. Pereda Renobales - Jueves, 23 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

EN España, con la aprobación del Pacto de Toledo (1997), se reconoce que las pensiones pueden ser financiadas con las cotizaciones de los trabajadores y con los impuestos de los ciudadanos. Con carácter complementario y voluntario se han desarrollado los planes privados de pensiones. Últimamente se viene oyendo que no hay dinero para pagar las pensiones. Las razones principales por las que se ponen en duda la sostenibilidad del sistema son tanto por una disminución de los ingresos (reducción de nacimientos, salarios menores, alta tasa de desempleo...) como por un aumento en los gastos (envejecimiento de la población). En 2050 habrá quince millones de pensionistas frente a los nueve millones actuales.

Las medidas planteadas para solucionar este déficit han sido básicamente retrasar la edad de jubilación con el objeto de retrasar el gasto, aumentar el número de cotizantes y quitar los límites actuales de cotización para ingresar más. Pero aumentar a todos la vida laboral discrimina a las clases sociales más bajas. ¿Estará en condiciones de trabajar un obrero con 70 años? Por otro lado los salarios de los nuevos trabajos son bajos. Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral ganan menos y, por lo tanto, cotizan menos. Tenemos cotizaciones bajas para pagar pensiones altas, por lo que se necesitarían muchos cotizantes.

Asimismo se está sufriendo una transformación muy rápida en las empresas en la que, la inteligencia artificial, está sustituyendo muchos trabajos, incluso los muy cualificados, por robots inteligentes. ¿Quién pagará las cotizaciones para futuras pensiones? Los trabajadores sin límite de cotización, cuando se jubilen ¿cobrarán una pensión mayor según lo cotizado o se pensará aumentar nuevamente el número de cotizantes? Pan para hoy, hambre para mañana.

La gran desigualdad salarial que existe afecta negativamente al equilibrio financiero de las pensiones ya que merma el volumen recaudado de cotizaciones sociales.

El actual sistema es discriminatorio ya que no tiene en cuenta para el cálculo de la pensión las cotizaciones de toda la vida laboral (penaliza a una persona que, por ejemplo, habiendo cotizado 45 años, en los últimos años de su vida laboral se queda en paro). También las mujeres que enviudan ven reducidas a la mitad la pensión (al revés, se cobra el 100% ).

En España, se parte de la idea de una caja única que se nutre de las aportaciones de los trabajadores y que va repartiendo entre todos los jubilados. Así las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Es decir, mis cotizaciones, en lugar de ir generando una bolsa/plan de la que cobrar cuando me jubile, están sirviendo para pagar la pensión de mis padres. Supone una clara perversión del sistema que se arrastra desde su comienzo, ya que este ha funcionado mientras los ingresos de las cotizaciones de los que trabajaban eran superiores a los costes (pensiones) generados por los jubilados, como ocurre actualmente. Este déficit entre ingresos y gastos es la razón que algunos esgrimen para negar a Euskadi la transferencia de la competencia de la Seguridad Social. Realizan un análisis de los ingresos (contribuciones) y gastos (pensiones) en la Comunidad Autónoma del País Vasco solo de los últimos diez años en el que el gasto en pensiones supera al de ingresos. Pero es una verdad a medias. Si analizamos los ingresos y gastos generados en los cuarenta años de democracia resulta que el saldo es positivo. Hay que tener en cuenta que, al ser los salarios vascos de los más altos del Estado, las cotizaciones a la Seguridad Social también lo han sido, por lo que, con el sistema de reparto existente, con nuestras cotizaciones se han pagado las pensiones del resto del Estado durante muchos años. A quién no le cuadran los números es al Estado español.

Llegados a este punto cabe preguntarse si es posible articular un sistema financieramente sostenible a la vez que socialmente aceptable.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha analizado distintas alternativas. Así por ejemplo, para mantener la pensión actual habría que duplicar las cotizaciones pasando del 22% al 48% del salario. De mantener las cotizaciones actuales supondría reducir la pensión a la mitad. Ambas alternativas son inasumibles,de ahí que proponga una vía intermedia de incremento de cotizaciones hasta el 30% del salario, pero que reduciría en un 15% la pensión, quedando en 910 euros de media y en 515,7 euros, la mínima. ¿Se puede vivir dignamente con 515,7 euros al mes? Parece que no. Es por ello que el FMI considera que debería complementarse con otras medidas como un incremento en el número de cotizantes en unos 5,5 millones de personas y ahorrar en torno a un 5% del salario anual.

Si echamos un vistazo a los países europeos, en Inglaterra se combinan un plan de pensiones estatal, planes privados y planes ocupacionales asociados a la profesión/ocupación del trabajador que son pagados por el empresario, pudiendo existir más de un plan en cada empresa. Alemania combina también los tres tipos de planes. El plan promovido desde las empresas ofrece al trabajador el pago de una cantidad que provisiona en su balance, contratación de un fondo con una entidad independiente o un seguro directo para el empleado. Suecia tiene tres tipos de pensión: dos son contributivas, cuyas aportaciones son realizadas por la empresa y el trabajador. La primera funciona como un sistema de reparto en el que las contribuciones realizadas financian los pagos por las pensiones y siempre tiene que estar equilibrado. La segunda es un sistema de capitalización personal en el que el trabajador elige entre diferentes fondos de pensiones privados. El derecho a solicitarlas comienza a los 61 años y se calcula en función del capital aportado, de la rentabilidad del fondo y de la esperanza de vida del trabajador.

La tercera es la pensión no contributiva para trabajadores sin ingresos solo exigible a los 65 años. En Francia la jubilación básica se establece en base a un mecanismo de reparto y se completa con jubilaciones complementarias obligatorias gestionadas por la asociación para el régimen complementario de los trabajadores por cuenta ajena. El importe de la pensión es proporcional a los ingresos laborales del conjunto de la vida laboral. Por otro lado, existe el subsidio de Solidaridad abonado para completar los ingresos del pensionista de manera a elevarlos a 833 euros al mes para una sola persona.

Podemos concluir que el sistema de pensiones es el último eslabón del modelo de sociedad que queramos formar. Cada sociedad puede elegir el modelo de financiación de pensiones que considere más coherente con los objetivos a alcanzar. España, al igual que algunos países europeos, está caminando hacia un modelo donde los ricos son más ricos y la clase media se va empobreciendo. La generación de riqueza no se reparte entre todos por igual. Las rentas de la propiedad, deprofesionales y autónomos aportan poco al sistema tributario ya que tienen más fácil escapar al control de la administración. Este aspecto perjudica a un modelo futuro de pensiones al no contar con todos los recursos.

Miremos al modelo de sociedad de los países escandinavos donde el colectivo prime sobre el individuo, donde exista un equilibrio salarial entre rentas más altas y bajas.

El Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hace Dinamarca, donde las aportaciones procedentes de los impuestos son más intensas. La financiación vendría de una mayor presión fiscal a rentas no salariales, combatir el fraude fiscal o eliminación de los gastos no necesarios como, por ejemplo, los militares.

Igualmente la única vía valida de generar ingresos al sistema de pensiones viene de la mano de la productividad, de crear empleos de alta cualificación, dignamente remunerados y que coticen para una pensión futura.

El nuevo sistema de pensiones contemplaría un nivel público básico basado en las cotizaciones laborales, no como un sistema de reparto actual, sino como un modelo de capitalización de gestión pública obligatoria, gestionada por el Gobierno vasco. Cada trabajador generaría una bolsa a lo largo de su vida profesional que será su futura pensión o la de su cónyuge en caso de fallecimiento. Se trata de dotar al sistema de una mayor equidad entre contribuciones y prestaciones y hacerlo financieramente más estable. Un segundo nivel, profesional de aportación conjunta empresa y trabajador, igualmente obligatoria y de gestión pública o privada, pero controlada por las instituciones públicas. Un tercer nivel complementario yv oluntario, exclusivamente gestionado por el sector privado.

Por último, de no llegar a la pensión mínima debería ser completada desde la administración vía impuestos. Así se planteó en Euskadi hace cuarenta años con la implantación de la Renta de Garantía de Inserción por José Ignacio Arrieta en el primer Gobierno vasco de la democracia. Toda persona debiera tener derecho a una pensión mínima garantizada para vivir dignamente.

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