La ministra abre la puerta a defender a Llarena por sus actos privados

El juez del Supremo confirma que no se va a presentar en la vista del 4 de septiembre en Bélgica

DEIA - Martes, 28 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

BILBAO. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó ayer de viva voz el bandazo que ha dado su gobierno a la hora de asumir la defensa del juez Llarena en Bélgica, aunque no reconoció que se haya producido ese cambio de postura. Delgado aseguró ayer en Radio Nacional de España que su gobierno defenderá en Bélgica “hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España”, que pasa también por “defender la actuación jurisdiccional” del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En un primer momento, el Gobierno español había asegurado que solo intervendría si a lo largo de la instrucción Bélgica deslizara alguna expresión que cuestionase la justicia española. Es decir, solo intervendría para defender la soberanía jurisdiccional española, pero no defendería a Llarena por sus declaraciones personales. Sin embargo, el fin de semana anunció que ya ha iniciado los trámites para contratar un bufete belga. La ministra, de hecho, dejó en manos de ese bufete y su estrategia de defensa la decisión de respaldar a Llarena también por sus declaraciones privadas.

La ministra defendió a Llarena tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, pero negó que se haya producido este cambio. Su departamento ultima la contratación de un despacho de abogados belga ante la demanda civil que el expresident Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han interpuesto en Bélgica contra Llarena por falta de imparcialidad.

El magistrado está citado el próximo 4 de septiembre pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa que contrate el Ejecutivo. De hecho, Llarena confirmó ayer a algunos medios de comunicación que no se va a presentar, un dato que ya se daba por hecho. Delgado siguió negando ayer el cambio de posición. “No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos”, dijo.

EL PP PIDE UNA QUERELLA

Esta decisión ha sido muy controvertida y ayer la criticaron los nacionalistas catalanes, que opinaron que Sánchez ha cedido a las presiones, y también Unidos Podemos, que rechaza que la defensa de un juez tenga que ser pagada con el dinero de los contribuyentes. El presidente del PP, Pablo Casado, por su parte, pidió a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el juzgado belga que estudia la demanda por “inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española”. 

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